Cómo abordar el dilema actual de las Pensiones en España

Antecedentes

En España hay más de 10 millones de pensiones; de las cuales, la mayoría son contributivas (con una pensión media de cerca de 1000 euros y en donde los nuevos jubilados cobran ya 175 euros más que los nuevos contratados), medio millón no son contributivas y algo más de medio millón, son clases pasivas.

En España, cada vez nacen menos hijos y se jubila más gente con mayor esperanza de vida, por lo que el equilibrio de financiación de las pensiones está más que comprometido. De hecho, el gasto de las pensiones

supone, ya, más del 39% de gastos del Estado. Y, actualmente, el déficit anual de las pensiones se incrementa en mas 10.000 € al año.

El peso del gasto en pensiones representa ya más del 43% del presupuesto de gastos del Estado. Eso es una auténtica barbaridad para cualquier Estado que quiera hacer inversión pública. Esto es mas grave en España si, además, le sumamos el coste de los más de 3 millones de empleados públicos (mayor, por ejemplo, que en Alemania) y el coste de la deuda pública.

Por lo tanto, de seguir así, la financiación del estado español podemos asegurar que es inviable en el medio plazo.

Para confirmar que esta afirmación es objetiva, podemos ver que, actualmente, en España solo hay 2 cotizantes en activo por pensionista; Y que los pronósticos alertan de que, -siguiendo la tendencia demográfica actual-, en 2.050 la ratio de cotizantes por pensionista será cercano a 1.

Por la tanto, el régimen actual de la Seguridad Social, -siendo actualmente deficitario (con un déficit cercano a 30.000 millones de euros)-, es incapaz (y lo será aún más) de soportar el coste de las pensiones, salvo que se tomen medidas drásticas y urgentemente.

Alternativas para obtener un sistema sostenible las pensiones

A priori, parece que la solución sencilla sería incrementar, vía impuestos directos y paulatinamente, la aportación de los empleados en activo; como proponen el PSOE y Unidos Podemos. Sin embargo, como ya hemos comentado, cada vez habrá menos personas activas, incrementándose el déficit del Estado dramáticamente; y ello, sin contar con que venga un nuevo entorno de crisis, como es previsible.

Por otro lado, incrementar las pensiones con el IPC, -como propone el Pacto de Toledo y, en especial, los partidos de izquierda-, supondrá tener que financiar el déficit de cobertura de las mismas con más impuestos, disminuyendo el ya mermado poder adquisitivo de las clases medias y medias bajas, así como la capacidad de inversión de las mismas hasta un nivel insoportable.

Si queremos mantener el poder inversión de las clases medias, -que tanto han sufrido con la pasada crisis-, son pocas las alternativas que el Estado tiene para actuar sobre este tema con recetas clásicas e impositivas, salvo que sea valiente. En este sentido, propongo las siguientes alternativas:

·       En primer lugar, ligar el incremento de las pensiones a la productividad de la economía y no al IPC. Cualquier persona jubilada tiene que mantener su poder adquisitivo, no por el índice de precios, sino por la contribución de la economía al crecimiento económico real del poder adquisitivo. Ligar el incremento de las pensiones al indice de precios, exclusivamente, promueve personas improductivas.

·       En segundo lugar, reducir de los gastos del Estado para tener más capacidad de financiación de las pensiones. Todos somos conscientes de que Estado de las autonomías ha creado un gran “leviatán”, imposible de financiarse. Con independencia de las iniquidades que pueda tener un Estado tan duplicado en sus funciones (que, por cierto, son muchas), una administración mas ajustada (y, seguramente, mas coherente y eficaz), permitirá una mejor financiación de las pensiones. 

·       En tercer lugar, se ha de reducir el importe real de las pensiones y, a su vez, alargar la edad de jubilación cuanto sea posible. No olvidemos que la media de vida de los españoles se está alargando.  Por un lado, no es factible revalorizar las pensiones sin criterios de productividad y, por otro lado, es necesario reducir el coste de las pensiones. 

·       En cuarto lugar, hemos de pedir coherencia, además de valentía, a los políticos no pudiendo tener el privilegio de poder retirarse con la pensión máxima cotizando tan sólo siete años. Los políticos, por coherencia, han de cotizar con los mismos criterios que se aplican al resto de ciudadanos. 

Es más, no es posible que los políticos españoles acumulen indemnizaciones por cese de actividad, la percepción de pensiones máximas y sueldos de forma simultánea con apenas unos años cotizados. Sin duda, se califica por si misma esta practica de los partidos rancios de la democracia actual, que nos han llevado hasta niveles de endeudamiento insoportables, han generado un desempleo brutal (sobre todo para los jóvenes y los más seniors), han permirtido una precariedad salarial (que roza la pobreza) por falta de modelo económico y que llevan en sus entrañas la corrupción.

·       En quinto lugar, es necesario racionalizar la percepción actual de las pensiones en función de, por un lado, su complementariedad con otras y, por otro lado, de situación perentoria de algunas personas. Por ejemplo, haría un análisis profundo de las pensiones de viudedad; en donde seguro podemos encontrar situaciones de personas viudas/os que mantienen una relación de convivencia estable con otras personas en activo y situaciones donde la viuda/o tiene una situación económica muy comprometida.  

·       En sexto lugar, hacer cotizar a la Seguridad Social a determinados tipos de robots que están sustituyendo a personas en algunos empleos. O, al menos, que aporten vía impuestos al erario cantidades significativas que permitan completar las políticas sociales, entre ellas el sostenimiento y mejora del sistema público de pensiones. 

·       Y en sexto lugar (y no, por ello, menos importante) y pensando a largo plazo, -con un periodo lógico de transición-, parece lógico favorecer e, incluso, obligar, la aportación de los trabajadores pensiones privadas de forma complementaria a la estatal. La idea fuerza es que, -sin destruir el actual Estado del Bienestar Social y con un sistema de capitalización estatal de las pensiones, pero adaptándolo a su capacidad actual de financiación-, se promueva una financiación obligatoria y fiscalmente rentable de la aportación personal privada y complementaria a las pensiones. En diez años, el peso de las pensiones privadas obligatorias, como complemento de las pensiones públicas, tendría que representar un 15%, aproximadamente, lo que mitigaría el impacto del previsible incremento del índice de precios de la vida.

Antonio Peñalver

Socio director de People First Consulting

www.peoplefirstconsulting.es